La proliferación de la actividad minera en la región del Bajo Cauca antioqueño y en el sur del departamento de Bolívar, ha dejado no sólo significativas consecuencias sociales, sino ambientales.
Todo apunta a que la explotación de oro seguirá expandiéndose sin control en la región, pese a los esfuerzos de las autoridades.
En visita realizada por este medio, se pudo comprobar que en municipios mineros localizados en Antioquia como Zaragoza, El Bagre, Remedios, Segovia y Caucasia es evidente el impacto ecológico de la extracción del mineral. Vertimiento de mercurio al agua, deforestación, remoción de grandes cantidades de tierra y el desvío del cauce de los ríos son sólo algunas de las consecuencias.
Rafael Roldán, gerente de explotaciones de la firma Mineros S.A. (que opera en la región del Bajo Cauca antioqueño), explicó que en materia de extracción ilegal de oro en ríos como el Nechí y el Tingüí -cercanos al municipio de El Bagre-, está "de moda" un montaje tradicional que consiste en un sistema de retroexcavadoras, tolva, bomba para extraer agua y volquetas.
"Solamente en estos municipios del Bajo Cauca y el sur de Bolívar puede haber unos 1.500 montajes de este estilo", aseguró Roldán quien explicó que pueden existir en la región unas 40 dragas brasileras (que oscilan entre 400 y 1.000 millones de pesos cada una) y unas 500 mini dragas que van desde los 40 millones de pesos hasta los 80 millones de pesos.
Colombia, según expertos de Naciones Unidas, es uno de los mayores países que más contamina con mercurio, ya que se pierden entre 50 y 100 toneladas anuales en promedio durante el proceso de extracción de oro. A su vez, Rafael Roldán aseguró que las mediciones realizadas por Mineros S.A., ponen en evidencia grandes cantidades de mercurio que están en los ríos.
El director del Observatorio Colombiano de Energía de la Universidad Nacional, Germán Corredor, aseguró que la extracción aluvial de oro "es una minería depredadora de las corrientes de agua; genera grandes excavaciones sin ningún control y sin ninguna técnica. Es un daño gravísimo sobre los cauces de los ríos".
Aurelio Martínez, director del Organismo Latinoamericano de Minería (Olami), aseguró que la minería ilegal es un problema de carácter social que incorpora la presencia de grupos armados al margen de la ley "tratan de obtener lucro de esa explotación".
A su vez, César Díaz, presidente de la Cámara Colombiana de Minería, afirmó que este fenómeno es un problema preocupante y creciente que se ha transformado en un asunto de orden público. Agregó que "el usar mercurio en cualquier actividad minera es un hecho anti técnico.
El uso del mercurio se está restringiendo a la minería artesanal, pero en particular a la ilegal".
Se necesitan más controles a la ilegalidad
El director del Organismo Lationoamericano de Minería, Aurelio Martínez, señaló que para tratar la expansión de la minería ilegal en el país se requiere "una intervención más cuidadosa de la autoridad minera y ambiental". A su vez, el director del Observatorio de Energía, Germán Corredor, dijo que "hay que hacer cumplir las leyes y aumentar la capacidad de vigilancia. El Estado no tiene la capacidad técnica y humana para vigilar". El gerente de explotación de la firma Mineros S.A. puntualizó ante la propagación del fenómeno que "este es un país sin dios y sin ley. No tenemos unas reglas de juego, una legislación, una política. Casi que se está auspiciando la ilegalidad". En municipios como Zaragoza, Segovia, El Bagre, Remedios y Niza, según un estudio realizado por Naciones Unidas, los mineros están emitiendo un promedio de 50 toneladas de mercurio anualmente.
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